En tiempos turbulentos a nivel nacional la educación formativa no es la excepción; comenzaremos opinando sobre algunos elementos que se han desarrollado en tiempo presente dentro de esta esfera.
En primera instancia hablaremos un poco
de la más reciente reforma educativa de 2013 y de un Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) remodelado a partir de su implementación
jurídica y administrativa; en primer lugar, se ha puesto en tela de juicio la
supuesta “autonomía” que posee ante el gobierno federal, en especial, ante la
Secretaría de Educación Pública (SEP) además de los gobiernos estatales y
municipales. En un artículo realizado por Alberto Arnaut Salgado, se menciona
la existencia de una “autonomía
constitucional” para esta institución y su junta de gobierno compuesta por
ilustres académicos, donde existe un conflicto entre la vocación docente,
pedagógica/académica y el mandato político/jurídico; como estar entre la espada
y la pared al tratarse de un dilema entre la coordinación y la subordinación
institucional ¿qué razón tendrá más peso?, eso lo iremos comprobando con el
tiempo.
En segundo término nos topamos con la
Evaluación del Desempeño Docente, una estrategia que ha dejado mucho que desear
no sólo en términos de su diseño y aplicación, sino en la aceptación y
legitimidad entre la comunidad docente a lo largo del país. Por otra parte, es
preocupante la declaración de Alma Maldonado del Departamento de
Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuando
establece que el Programa de Bonos de Infraestructura de la SEP es una “deuda”
porque se va a tomar dinero que no está contemplado y que, eventualmente, será
financiando con capital privado (inversionistas) además del presupuesto del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) uno de los ocho fondos del Ramo 33
asignado para estados y municipios; algo alarmante, ya que se pretende
solucionar el problema de infraestructura escolar con mecanismos que no
garantizan un financiamiento seguro.
Otro aspecto preocupante es cuando el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cabildea el
presupuesto educativo con los diputados de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos en el Congreso, ¿porqué tan cercano el organismo
representativo incluso con dirigentes de bancada de los diferentes partidos
políticos? Por otra parte, la relación que existe entre el mercado laboral y el
sector universitario tiene fuertes repercusiones, un “síntoma de crisis” como
lo menciona Roberto Rodríguez al establecer el problema del empleo entre la
gran diversidad de egresados existentes, del amplio crecimiento de la
precarización e informalidad laboral así como de un debilitamiento importante
del nivel adquisitivo de los profesionistas.
El reciente y nombrado secretario de
educación pública Aurelio Nuño Mayer ex jefe de la oficina presidencial, más
conocedor de estratagemas políticos que de cuestiones pedagógicas al igual que
su antecesor Emilio Chuayffet, es la prueba misma de un discurso que desarrolla
la directriz de la educación nacional por puertos más alejados de una auténtica
evolución de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Resulta absurdo que este
planteamiento no haya detonado la generación de un modelo educativo que
contemple la diversidad de los contextos que se desarrollan a lo largo del
territorio nacional, como establece la profesora Martha López, se trata de
esquemas de control laboral y administrativo apoyados de un gran marco jurídico
para realizar una reingeniería organizacional. Más allá de eso, sólo se ha
abierto la puerta a la cultura de la evaluación estandarizada y cuantificable,
sólo resta preguntar ¿hasta cuándo tocarán el tema de la formación docente
(normales y universidades), del contenido de planes y programas de estudio por
niveles, e incluso, de una adecuada radiografía o diagnóstico del sector
educativo nacional? (más integral y menos genérico).
A sí mismo, el Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en educación básica arrojó resultados
poco alentadores (sin dejar de ser un diseño estandarizado en su aplicación) en
el Sistema Educativo Nacional (SES); citando las palabras de Manuel Gil Antón,
llama la atención el alto grado de desigualdad en cuanto a las oportunidades de
aprendizaje, donde estrategias centralistas de incentivos y sanciones no serán
suficientes para maximizar los niveles de “calidad
educativa” (claro si todavía podemos definir qué significa esto).
Apenas escuchamos la declaración de José
Sarukhán sobre la importancia de la investigación educativa para la
construcción de propuestas y participación social, aunque resulta un poco
tardía ya que esta reflexión debió realizarse antes de implementarse la reforma
educativa, fue lamentable que pocas opiniones y voces de estos actores fueran
escuchadas desde su gestación.
En el reciente Congreso Nacional de
Investigación Educativa (CNIE) celebrado en Chihuahua los expertos en esta
materia obtuvieron conclusiones importantes como el rezago de la escuela ante
la evaluación al plantear la figura de los docentes como único problema y
solución del sistema educativo descartando el papel y la evaluación de otros
actores involucrados en el proceso. Algo interesante en este mismo evento fue
el deslinde de responsabilidad que representantes de la junta de gobierno del
INEE objetaron ante las contingencias presentadas en la última evaluación
docente responsabilizando a la SEP lo cual resulta curioso al tratar de
establecer una relación de coordinación con la dependencia y de integración
participativa con la comunidad docente. Algo interesante fue la publicación en
change.org de la petición “por una reforma educativa necesaria y respetuosa del
magisterio” donde se menciona que los cambios realizados han excluido la
participación y consulta debida a los maestros al concebirlos como objetos y no
como sujetos activos del proceso formativo. Como señala Gil Antón “pareciera
que lo punitivo se impone ante lo formativo al no lograr una relación integral,
contextualizada y sensible a la diversidad”. Sin duda hay muchos
cuestionamientos a un proceso reformador que ya debería catalogarse como “no
idóneo”, los avances significativos se ven aún lejanos en algo que resulta
fundamental para el desarrollo del país. ¿La suspensión o el replanteamiento?,
eso ya se verá.
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